Desde el 2008 se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se implanta el sistema de justicia acusatorio y oral.

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Las reformas modifican, el actuar de las autoridades que intervienen en el procedimiento jurisdiccional del país, debiendo contar con un juez para una etapa preliminar (como controlador de la investigación, quien concluirá el procedimiento derivado de convenciones entre las partes); otro, resolverá el asunto (en el juicio oral). Esto asegura el debido proceso legal y evita lo extenso de los procedimientos; al final, un juez vigilará y controlará la ejecución de la pena.

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